El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) de San Carlos de Bariloche presentó una impugnación formal contra la Resolución 754-I-2026, al considerar que la medida es ilegal, inconstitucional y lesiva de los derechos de las y los trabajadores municipales.
Desde la organización sindical sostienen que la resolución implica un “avance indebido del Poder Ejecutivo” sobre atribuciones que corresponden al Concejo Deliberante. En ese sentido, cuestionan que el intendente pretenda modificar aspectos centrales del Estatuto Municipal mediante una resolución administrativa, evitando el tratamiento legislativo correspondiente.
Entre los principales argumentos, el sindicato advierte que la normativa introduce cambios en las condiciones laborales sin el debido respaldo legal ni el acuerdo paritario. Según detallaron, se establecen nuevas jornadas, horarios y modalidades de trabajo que no están contempladas en el Estatuto vigente, lo que interpretan como una “reforma laboral encubierta”.
Asimismo, señalan que la resolución incorpora adicionales salariales y porcentajes sin sustento normativo, lo que —afirman— vulnera el principio de legalidad en la administración pública. A esto se suma la creación de un régimen disciplinario paralelo que, de acuerdo al planteo del SOYEM, omite la intervención de los órganos competentes y no garantiza el derecho a defensa de los trabajadores.
Otro de los puntos cuestionados es la intención de dar carácter permanente a medidas adoptadas durante la pandemia, que originalmente tenían carácter excepcional y estaban limitadas al contexto de emergencia sanitaria.
El sindicato también denunció un “ataque a los derechos laborales y sindicales”, al considerar que se modifican condiciones de trabajo de manera unilateral, desconociendo la representación gremial y afectando derechos adquiridos.
En este marco, desde SOYEM exigen la suspensión inmediata de la resolución y la apertura urgente de una mesa de diálogo que garantice la participación efectiva del sindicato. Además, reclaman garantías para evitar perjuicios a los trabajadores municipales.
Finalmente, remarcaron que la defensa del Estatuto Municipal constituye un eje central en la protección de los derechos laborales, y advirtieron que cualquier intento de modificación sin consenso ni legalidad carece de legitimidad.
